El uso ilegal de equipos para espiar a políticos, magistrados, generales y periodistas sería la razón de la precipitada salida del general Nicacio Martínez de la Comandancia del Ejército, el pasado 27 de diciembre. 

Así lo revela la Revista Semana que reconstruye lo que constituye un nuevo escándalo al interior de las Fuerzas Militares, que afecta al Ejército y de paso al Gobierno en su artículo Chuzadas sin cuartel 

 En uno de los apartes de la investigación revelada este sábado se sostiene que "después del escándalo de las chuzadas del DAS hace casi una década y la aprobación de la Ley de Inteligencia cualquiera pensaría que esas prácticas habían quedado desterradas o al menos reducidas a su mínima expresión; sin embargo, la Revista Semana tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas que demuestran que las chuzadas ilegales siguieron más vivas que nunca".

Según la investigación, "las chuzadas ilegales del último año han tenido lugar desde las propias instalaciones de dos guarniciones militares como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación".

Varias personas consultadas dentro de la investigación sostienen que esto compromete a batallones de ciberinteligencia que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y contrainteligencia de seguridad de la información y que recibían órdenes, quienes la operaban, desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos.

Los temas estaban orientados a la política, lejos de la misión del Ejército, contó a Semana uno de los suboficiales de esa unidad que participó en las actividades ilegales durante todo el año pasado.

Una de las primeras en dar una alerta sobre posibles chuzadas a sus llamadas fue la Presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Ortiz.  

Uno de esos suboficiales le contó a Semana que le asignaron un número de celular y le entregaron datos de correo electrónico de una supuesta oficial que estaba afectando los intereses del Ejército, pero resultó que el blanco de ese seguimiento era una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, se trata de la magistrada Cristina Lombana quién había sido oficial del Ejército.

"Nos dieron la orden de continuar el monitoreo los seguimientos y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático", añade la Revista.

Para probar lo que decía, el suboficial le mostró a Semana las copias de las conversaciones de WhatsApp de la magistrada Lombana, quien entre otros casos tuvo hasta mayo del 2019 el caso de manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe y llevaba varios procesos de unas supuestas prebendas en entidades del Estado.

Sin embargo Lombana no fue la única víctima objeto de interceptaciones y seguimientos de las actividades ilegales. A ella se suman los nombres del senador Roy barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y algunos periodistas de quienes no se revelaron los nombres.

Cuenta la publicación que durante un allanamiento del pasado 18 de diciembre a una unidad militar por parte de una comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en busca de evidencias sobre las chuzadas y que duró 16 horas, el operativo era encabezado por la magistrada Cristina Lombana, quien en ese momento desconocía que ella era misma era blanco de las interceptaciones ilegales.

En el allanamiento los oficial negaron realizar actividades ilegales e incluso aseguraron que no tenían software o herramientas informáticas para acceder a llamadas correo electrónicos o conversaciones de WhatsApp.

La Revista reveló que fue blanco de los seguimientos e interceptaciones ilegales por parte integrantes de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Hubo sufragios, amenazas directas e intimidaciones como respuesta a las denuncias que terminaron con la destitución, procesamiento penal y disciplinario y encarcelamiento de varios altos oficiales, entre ellos generales, pero las amenazas siguieron con envío de lápidas funerarias, entre otras, como forma de presión en intimidación.